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La gestión del "riesgo personal” y la responsabilidad social

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Por Ana María de Alba, AMLCA, CPAML*

     En el mundo de hoy, donde ya no solamente son las entidades de intermediación financiera a las que se les exige mantener un sistema de gestión de riesgo que les permita detectar y reportar actividad sospechosa, ya sea por crímenes financieros o por actividad de terrorismo, sino también al sector empresarial dada su vulnerabilidad ante las tipologías de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que han nacido a raíz de la eficiencia de los controles establecidos por la industria financiera, los profesionales, y en especial los funcionarios públicos, se encuentran alarmantemente expuestos a ser el “blanco” de cualquier delincuente que desee utilizarles de cómplices con el fin de penetrar el sistema financiero para lavar o depositar el origen de su actividad ilícita. Y la pregunta es: ¿Cual es el sistema de gestión de riesgo que debe mantener un profesional o funcionario público para mitigar el riesgo de caer victima de difamación por un delincuente? La triste realidad es que no existe ninguno.   

     Las personas en general, y en especial todos los que están en la primera línea y segunda línea de defensa, según lo define el Comité de Basilea sobre la gestión de riesgos, están totalmente expuestos a cualquier daño de reputación y no está en manos de ellos mitigar el riesgo, está únicamente en manos de la sociedad que es la única que puede firmemente negarse a dudar de las personas que no han dado motivos de sospechas.   

     La realidad hoy en día es que los maleantes, cuando no logran encontrar a un cómplice y se ven acusados por actividad delictiva, se deleitan haciendo acusaciones sin fundamento ni pruebas contundentes a sabiendas de que el resultado de sus acciones lograrán dos objetivos principales: el primero es desviar lejos de ellos la atención que le den los medios, a sabiendas de que el sensacionalismo vende noticias, y que lamentablemente, muchos seres humanos sufren de algún nivel de morbosidad como el placer de ver dañada la reputación de una persona honesta y de carácter intachable; el segundo objetivo es vengarse del que no le permitió llevar a cabo su actividad criminal. 

     En ambos casos a la persona perjudicada, en menos de segundos, le cambia su vida por una injusticia, y aun cuando logra probar su inocencia, la huella de la duda que fomentaron las noticias publicadas por medios de comunicación irresponsables, perduran por años y el daño que se logra le trae satisfacción a quien no se la merece: al criminal que goza de haber triunfado. 

“Sociedad” como ente mitigador de riesgos

     Entonces, el sistema de mitigación de riesgos para proteger la reputación de los profesionales de la industria financiera o de los funcionarios públicos honestos y confiables que aplican las leyes para proteger dicha industria y nuestra calidad de vida, es la sociedad cuando esta no permite que la engañen por razones de venganza, de cobardía, o de ventas y que renuncia a ser victima del terrorismo. Si bien cuando pensamos en terrorismo, pensamos en desastres humanos y perdida de vidas, tenemos que reconocer que el terrorismo tiene muchas caras y una de ellas es la de crear incertidumbre y desconfianza en las cosas mas simples que nos rodean. 

     Cuando los criminales atentan contra la reputación de los profesionales y funcionarios públicos que luchan por  mantener nuestro sistema financiero limpio e inaccesible al crimen organizado o a simples delincuentes, lo cual resulta en que el resto de la sociedad goce de tranquilidad, el único sistema de mitigación de riesgos que funciona es el que esa sociedad desee aplicar, optando por desacreditar al farsante y por no patrocinar o apoyar a los medios de comunicación que actúen de manera irresponsable, publicando información que perjudique y dañe la reputación de una persona. 

Los “malos” no se destacan

     En los últimos años, se ha desatado un tipo de “terrorismo silente” que nos deja un sentido de desconfianza de todo el sistema que nos protege. El motivo es crear incertidumbre y una ilusión de que “todo es malo” y así los malos no se destacan. Es cierto que no todo lo que brilla es oro y la historia nos ha demostrado que no todas las personas del sector financiero son de confiar. Sin embargo, antes de aceptar una noticia como un hecho, nos debemos preguntar, ¿cual era el beneficio que percibiría esa persona por actuar ilegalmente? Además, antes de considerar la veracidad de alguna noticia nos debemos preguntar :

• ¿Quien es el acusador y que gana por acusar? 

• ¿Que gana el acusador cuando logra que su victima actúe de manera corrupta o de manera ilegal? 

• ¿Está el acusado en una posición que realmente le permita al acusador lograr su objetivo? 

• ¿Qué reputación tiene el acusado?

• ¿Cuan conocido es el acusado y cuál es el impacto que causará la acusación? 

     El daño reputacional, cuando no es justificado, es tan o más grave para las personas que son sus victimas como para la sociedad que pierde la confianza en los profesionales y funcionarios públicos que son honrados y que aportan valores que fomentan el crecimiento sano de nuestras industrias. 

     La responsabilidad social es uno de los valores que ferozmente vigilan y aplican la generación de los “milenios”, los cuales son actualmente el mayor público objetivo de la industria financiera. La sociedad que se permita ser aterrorizada mediante acusaciones falsas o la publicación de las mismas, que tienen como único objetivo el destruir confianza y tranquilidad, no es solamente reprochable, es socialmente irresponsable y rechazada. Es, además, por este motivo que la perdida de reputación a causa de acusaciones falsas o sin fundamento afecta tanto a sus víctimas, como a la sociedad que permite dicha irresponsabilidad social. 

     Al igual que cumplimos con desarrollar e implementar sistemas de control interno para mitigar los riesgos de lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo en nuestras empresas, porque nos lo exige la ley y porque lo consideramos mejores practicas, seamos el sistema de control que necesitan las victimas de perdida de reputación injustificada.

 

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Sobre la autora

* Ana María H. de Alba, Presidente & CEO de CSMB International, Inc. Cuenta con más de 30 años de experiencia y formación profesional en la industria bancaria y en consultoría.Es instructora y asesora académica de FIBA y está asociada como consultora a varias firmas internacionales de inteligencia, investigaciones, y seguridad como Kroll y Andrews International, entre otras.  Como ejecutiva bancaria desempeñó puestos gerenciales en la banca domestica e internacional en instituciones tales como el SunTrust, Banco Atlántico, International Finance Bank y  BICSA (Banco Internacional de Costa Rica). 

Como consultora ha participado dirigiendo proyectos en Norteamérica y a través de todo Latinoamérica y el Caribe. Como conferencista, ha presentado sus conocimientos en múltiples congresos internacionales en USA, Panamá, Perú, Ecuador, México, Colombia, y España. 

Tiene un título de Licenciada en Administración de Empresas y Finanzas de la Universidad de Miami (University of Miami), así como una maestría (MBA) en Banca y Finanzas de Nova Southeastern University. A su vez, en materia de ALD/CFT cuenta con una certificación del GAFI como experta evaluadora de países en “Metodología de Evaluaciones Mutuas” y con las certificaciones AMLCA y CPAML de FIBA en asociación con la Universidad Internacional de la Florida (FIU).