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La tímida aproximación de las autoridades latinoamericanas hacia los DPAs

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   Cerrando el mes de noviembre la Autoridad de Servicios Financieros del Reino Unido anunció el primer Acuerdo de Diferimiento de Juicio firmado con una entidad bancaria por un caso de soborno internacional, siendo este el primer paso que dan los británicos en el uso de esta efectiva herramienta creada por las autoridades estadounidenses para sancionar a las instituciones financieras que violen las normas. Las autoridades inglesas firmaron el acuerdo con el ICBC Standard Bank, entidad a la que se le comprobaron prácticas de sobornos de parte de su unidad de negocios de Tanzania. 

   La utilización de los Acuerdos de Diferimiento de Juicio -conocido como DPA por sus iniciales en inglés- está siendo revisada por reguladores de todo el mundo, a partir del éxito que han tenido en Estados Unidos, donde se han colectado miles de millones de dólares en sanciones y se han fortalecido los programas de cumplimiento de muchos bancos, evitándose al mismo tiempo costosos y largos procesos judiciales.

¿Qué pasa en Latinoamérica? 

   Continuamente converso con reguladores y autoridades de la región y debo decir que he notado poco interés en este tipo de herramientas sancionatoria.

   Obviamente la implementación de estos acuerdos puede requerir un proceso de ajuste normativo en cada jurisdicción. Sin embargo, considero que es el momento de empezar a utilizarlos, especialmente ahora que los países tienen que demostrar “efectividad” ante el Grupo de Acción Financiera (GAFI).

   La mayoría de los países de la región tienen dificultades para demostrar “efectividad” en la actuación de sus tribuales en materia de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, salvo Colombia y Uruguay que tienen un buen número de sentencias. Por eso los DPAs pueden ser una herramienta expedita que demuestre “efectividad” sin tener que contar con el sistema judicial, porque los DPAs se logran en una instancia de investigación y justamente evitan el inicio de un proceso judicial.

   Latinoamérica ha avanzado mucho en materia de prevención y lucha de los delitos financieros, pero aún es necesario que de grandes pasos en materia de sanciones y sentencias y el 2016 será un año trascendental. Si no se fortalece este último eslabón de la cadena, prácticamente se pierde todo el esfuerzo hecho por los profesionales de cumplimiento.