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María García: “En España no todo el mundo tiene la misma preocupación, ni la misma sensibilidad antilavado”

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Cuando se habla de sujetos obligados no financieros, en España existe una fuerte regulación que establece obligaciones para diversas profesiones y oficios. A pesar de que España ha sido exitosamente evaluada por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) por su estructura de prevención, aún enfrenta desafíos en algunas áreas.María García

La abogada María García*, presidenta en el capítulo de Cataluña de la Asociación de Sujetos Obligados para la Prevención del Blanqueo de Capitales en España (ASEBLAC), explica que “no todo el mundo tiene la misma preocupación, ni la misma sensibilidad” antilavado.

Presentamos un resumen editado de la entrevista realizada por Juan Alejandro Baptista, director ejecutivo de Lavadodinero.com, a la jurista española, quien también habló sobre el cumplimiento en el sector inmobiliario, la certificación de oficiales de cumplimiento y el impacto del derisking en el mercado español.

- ¿Qué análisis hace usted de la relación entre el gremio de los abogados y las profesiones liberales con el Cumplimiento ALD, en función a la normativa que deben cumplir en España?

MG: En España ya con el cambio del 2005 (RD 54/2005), los sujetos obligados no financieros -entre los que se cuentan abogados, asesores fiscales, contables, notarios y determinadas profesiones- empezaron a cumplir las normas de blanqueo de capitales. Los despachos grandes quizás sí, pero no hay un gran conocimiento de las herramientas de prevención del blanqueo en este sector. De hecho, el GAFI cuando estuvo para la ronda de evaluación mutua en el año 2014 -estamos hablando de 10 años de vigencia de las obligaciones- en su informe señaló claramente que los abogados no entienden lo que es prevención. Sin embargo, el GAFI dice que España tiene un nivel de cumplimiento muy alto comparado con el resto de países. Pero quizás por el enfoque que ha existido más hacia el sector financiero, se ha desatendido de alguna forma el sector no financiero, entre ellos la abogacía. Esto parece un reproche, pero necesariamente no es un reproche. Yo entiendo que al final el regulador debe aplicar un risk aproach y eso implica que el sector financiero es de mucho más riesgo. 

- ¿Han dado resultados esas regulaciones que pesan sobre estas profesiones?

Sobre estas profesiones no lo tengo tan claro. Tenemos poca información sobre la efectividad que pueda haber tenido la prevención del blanqueo en detectar situaciones. No son muchos los informes que se hacen anualmente [en el sector no financiero]. Comparado con el volumen de operaciones que puede hacer un notario, por ejemplo, sorprende que sea mucho menor que el número de reportes hechos por la abogacía. 

Teóricamente, desde luego, hay que valorar si realmente merece la pena el que nos incluyan a los abogados como sujetos obligados. Yo no lo tengo tan claro. Hay que centrarse efectivamente, en que se empiecen a implantar las medidas de una forma más importante.

- ¿Hay conciencia dentro del sector de los grandes despachos o de las empresas proveedoras de servicios jurídicos del cumplimiento antilavado? ¿Han absorbido esas exigencias que ha impuesto las leyes?

Los grandes despachos, con mayor o menor intensidad, evidentemente que sí. No todo el mundo tiene la misma preocupación, ni la misma sensibilidad, pero sin dudas los grandes despachos, aunque sea por un tema de protección de su marca y de su imagen, deben estar en línea con las normas de prevención; además por la cantidad de casos de corrupción que se han detectado en España. Yo creo que a cualquier despacho que opere en determinados ámbitos ya les compensa, aunque sea por interés propio, estar cumplimiento con la normativa de prevención. La abogacía es inmensa en España, es uno de los países que tiene más abogados. No necesariamente todos tienen ese nivel de conciencia. Aquí ha faltado una labor más importante de difusión, como se ha realizado en Reino Unido, de trabajo con los mismos abogados, de apoyo por parte del regulador.

- Fuera del área de abogados, ¿qué sector no financiero considera usted que deberían las autoridades centrar su atención regulatoria?

Allí tenemos el sector inmobiliario que, además, maneja mucho dinero en España y en el resto del mundo. También los intermediarios inmobiliarios y los intermediarios financieros, que además no siempre están metidos abajo del paraguas de un regulador único, como los notarios, que son una profesión regulada y todos están escritos dentro del mismo registro. 

Las grandes inmobiliarias se han tenido que poner al día. Hay mucho volumen que se mueve por operadores más pequeños. Una de las cosas que nos faltaría es tener un registro de los sujetos obligados. Habría que empezar por allí.  La única inscripción que se hace es la de representantes de sujetos obligados, pero no todos los sujetos obligados tienen que inscribir al representante. Realmente, no sabemos cuántos operadores están sujetos a esa obligación. 

-En algunas jurisdicciones como México y en Nueva York se ha implementado la modalidad de certificación del oficial de cumplimento por parte de la autoridad, como un mecanismo para poder no solo garantizar que el oficial de cumplimiento tenga cierto nivel de conocimientos, sino para tener el control sobre el ejercicio de la profesión. Si el oficial de cumplimiento no cumple puede perder la licencia de operaciones. ¿En España ayudaría a fortalecer la lucha antilavado que los oficiales de cumplimiento fuesen de una u otra manera certificados por el Estado?

La posición que se ha tomado es la auto responsabilidad de las empresas, lo que sí establece la norma es que el responsable debe ser administrador o directivo. Lo que hacen [las autoridades] es pedir un currículo y el regulador podría poner objeciones a ese nombramiento. La norma en España es la misma para la gran banca que para un agente inmobiliario autónomo, o una empresa pequeña. Pues claro, en las empresas pequeñas lo normal es que el responsable sea el dueño, porque no hay mucho más responsables que poner.

En las grandes, lo que están entendiendo las autoridades es que es responsabilidad de la propia empresa… y tocará responder si no lo está haciendo adecuadamente, tanto para la selección de la persona que ponen, incluso por la selección de quién es el experto externo que les haga el informe. Tampoco hay una regulación sobre qué característica debe tener y la capacitación que debe tener el experto externo. La propia norma lo que dice es que usted es responsable de elegir el que sea adecuado para su negocio. Si no lo hace así, al final la sanción la tendrá la entidad obligada, no el auditor. 

- Hay un tema que ha sido un tanto traumático para la banca latinoamericana, se trata del derisking. Durante los últimos años se ha registrado la presión por el cierre de cuentas en la banca estadounidense, inclusive en la banca corresponsal europea ha existido mucha presión contra las instituciones financieras latinoamericanas. ¿Cómo se ve desde Europa la situación del derisking, cómo les ha afectado, cómo lo han manejado? 

Yo creo que aquí no se ha tratado suficientemente. Sí existen casos inclusive en España. Hay algunos casos de terminación de contratos con remesadoras por parte de la banca, que son quizás los casos más clásicos de derisking. El tema siempre acaba en los tribunales por una demanda por competencia, por abuso de posición, de resolución unilateral del contrato. Ha habido sentencias a favor y en contra de la banca. A favor, cuando ha habido elementos más que suficientes para entender que había un riesgo inminente o que habiendo advertido a la remesadora, ésta no había ido al fondo, no había arreglado la situación, entonces el banco decide que ya está excediendo el riesgo que puede aceptar.

En otros casos, se ha llegado la situación -que no sé si realmente ha habido derisking o un mal tratamiento por parte del banco- en que el banco para terminar esos contratos no había hecho un análisis específico de determinados riesgos. Entonces, es allí donde se le reprocha cómo no ha hecho puntualmente ese análisis que ha tenido que haber hecho, pues no tenían derecho a resolver por este motivo.

Y luego sí que ha habido [derisking] hace años en algunas de las entidades financieras, que habían recibido sanciones desde Estados Unidos, las cuales habían modificado todo el nivel de riesgo aceptable. Por ejemplo, una entidad financiera inglesa publicó que había hecho una comunicación a un número de consulados extranjeros diciendo que no pasaban sus nuevos parámetros de riesgos y que fuesen buscando una entidad financiera nueva donde operar, porque tenían 30 días para cambiar de banco.

Algo de derisking está sucediendo en pequeños operadores, nos consta que, por ejemplo, los ciudadanos y negocios chinos están teniendo problemas en muchas ocasiones para conseguir la apertura de una cuenta bancaria y algún otro operador, algunos comercios de oro.

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 * María García Aguado es socia fundadora del despacho jurídico AMBER Legal & Business Advisors. Es abogada especialista en en implementación y evaluación de programas de cumplimiento, prevención y control del blanqueo de capitales. Actualmente se desempeña como presidenta en Cataluña de la Asociación Española de Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo de Capitales (ASEBLAC), de la cual es miembro del Comité Técnico. Tiene un postgrado en práctica jurídica y en asesoría y gestión tributaria.