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"Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido" como herramienta de sanción (y generación de ingresos)

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Por el Departamento Editorial.

Uno de los instrumentos más efectivo (y rentables) en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Estados Unidos han sido los Acuerdos de Enjuiciamiento Diferido, conocidos en inglés como “Deferred Prosecution Agreement” (DPA). Durante los últimos años, las autoridades han encontrado en esta figura una vía efectiva para aplicar correctivos y, a la vez, obtener mucho dinero de parte de las instituciones que no cumplen las regulaciones. 

Solo en el sonado caso del HSBC Bank USA, las autoridades colectaron US$ 1.900 millones en multas y sanciones. El acuerdo se suma a los US$ 700 millones en costos anticipados para llevar a cabo una revisión de 5 años de los archivos relacionados a los procedimientos de “Conozca su Cliente” y a otros US$ 290 millones en gastos de remediación absorbidos por el banco. El banco también aplazó el pago parcial de bonos para los gerentes de más jerarquía, según informó a finales del 2012 el Departamento de Justicia estadounidense.

Ante este atractivo escenario económico para las autoridades, surge la pregunta: ¿Los DPA pudieran ser utilizados por los reguladores latinoamericanos para lograr un cumplimiento más efectivo y para captar más recursos?

Importando los DPA

Algunas naciones de Europa evalúan esta “rentable” herramienta. La primera en implementarla ha sido el Reino Unido, quien a mediados de este año aprobó la Ley de Crímenes y de Tribunales 2013, en la cual fueron incluidos el Artículo 45 y el Anexo 17 referentes a los “Acuerdos de Enjuiciamiento Diferido”.

“En Latinoamérica deberíamos ver el ejemplo de estas naciones, especialmente porque nosotros no contamos con los recursos necesarios para ser tan efectivos en el aspecto regulatorio. A veces no tenemos el personal adecuado, porque no tenemos suficientes recursos económicos. Estos Acuerdos pudieran ser una forma de conseguir el dinero para invertirlo en personal y sistemas automatizados”, señaló un funcionario de una agencia reguladora bancaria caribeña, quien pidió mantener su nombre en reserva.

Usualmente estos acuerdos contemplan el pago de una multa y otras acciones como: mejorar el programa antilavado, capacitar al personal de cumplimiento adecuadamente, cooperar en las investigaciones, pagar algunos costos procesales y compensar a las víctimas (en caso de que las hubiere producto del accionar de la empresa). También pueden contemplar la donación de dinero a organizaciones caritativas.

Bueno para todos

Si bien los DPA son una figura considerada “un arma regulatoria”, también resulta beneficiosa para los sujetos obligados, ya que evita que se inicie un proceso en los tribuales que puede ser más costoso, largo e implicar un mayor daño reputacional. El acuerdo libra de responsabilidad penal a la empresa y sus representantes, pero si el DPA no es cumplido a cabalidad, las autoridades pudieran iniciar un proceso judicial en su contra.

Desde el punto de vista de los reguladores, el acuerdo refleja la “buena disposición” del sujeto obligado para aplicar correctivos, por lo cual la negociación puede implicar una sanción menor términos más favorables.

Sin embargo, algunos expertos consideran que los DPA pueden debilitar la labor sancionatoria, ya que evitan que se tomen acciones penales contra los responsables directos de las violaciones.

Por ejemplo, en relación al caso del HSBC, el abogado estadounidense Ted Greenberg afirmó que el hecho de que ningún empleado haya sido acusado como resultado directo de violaciones comprobadas del banco es "increíble y es una gran preocupación. A menos que las personas sean responsables de la conducta delictiva involucrada en estos bancos, el problema no se resolverá por sí solo".

"Una pena en prisión para alguien en HSBC podría tener un poderoso efecto disuasivo como estas sanciones masivas", dijo Dennis Lormel, un consultor independiente del LMA y exjefe del área de operaciones de contra financiamiento del terrorismo del FBI.