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Artículo
en la portada de La
Nación Advertencia de expertos norteamericanosLos banqueros argentinos no pierden el sueño por la ley de lavado de dinero que el Congreso aprobó en abril de este año y que todavía no se reglamentó. Lo que les preocupa, y mucho, es la creciente agresividad que vienen demostrando las agencias norteamericanas de seguridad para perseguir el delito en América latina y en el resto del mundo. El miedo de los banqueros al largo brazo del Tío Sam se podía palpar esta semana en el Hotel Sheraton, de esta ciudad, donde se realizó la Primera Conferencia Anual Latinoamericana sobre Lavado de Dinero de Alert Global Media, grupo que publica la revista más importante de los Estados Unidos dedicada a investigar ese delito. Allí, ante unos 100 banqueros argentinos, y otros tantos de países latinoamericanos, expertos estadounidenses explicaron que recientes cambios en la legislación de su país permiten a organismos como el FBI, el Costums Service (aduana), o el IRS (impositivo), perseguir lavadores en todo el mundo, con métodos hasta ahora desconocidos en la Argentina. Como la operación Casablanca, que terminó el año pasado, en la que once bancos mexicanos, tres venezolanos y uno español fueron acusados de narcolavado ante la justicia norteamericana, después de que gerentes de sucursales aceptaron dinero de agentes encubiertos, mandados desde Estados Unidos, con la misión de corromper a esos funcionarios. Los agentes encubiertos, además, contaban con referencias falsas de bancos de primera línea en los Estados Unidos. En la redada cayó un banco mexicano que ni siquiera operaba en los Estados Unidos. El único
aplauso "A partir de la globalización -dijo Kroll-, en los Estados Unidos hay una creciente tendencia a pensar que la jurisdicción de la justicia norteamericana alcanza todos los rincones del planeta." Minutos antes, un ejecutivo del Banco Serfín había contado, con aire resignado, cómo la Operación Casablanca le costó a su banco 2 millones de dólares en abogados, 600.000 en investigaciones y 300.000 en relaciones públicas. Pero también hubo un costo incalculable en daño a su reputación, para terminar declarándose culpable ante la justicia norteamericana con el fin de evitar males mayores. Lavado
de coimas Lazarenko fue acusado de utilizar su cargo para "buscar, demandar y recibir pagos de individuos y entidades como condición previa para realizar negocios en Estados Unidos. "Si los yanquis llegasen a investigar el enriquecimiento ilícito de funcionarios con cuentas en los Estados Unidos, va a temblar más de uno," dijo el ejecutivo de un importante banco argentino. Al parecer, es sólo cuestión de tiempo. El año pasado, la entidad financiera Mercado Abierto sufrió el rigor del U.S. Customs Service, que siguió el rastro de unos 12 millones de pesos del Cartel de Juárez que fueron a parar a inversiones inmobiliarias en la zona de Mar del Plata. Mercado Abierto nunca fue acusado de nada porque, al parecer, sus directivos no sabían que el dinero enviado del Bank of America provenía del narcotráfico y que el banco norteamericano actuaba en connivencia con autoridades de ese país. Pero la entidad argentina igualmente sufrió un daño importante al salir en la tapa de casi todos los periódicos. Un
daño tremendo La preocupación de los banqueros iba en aumento a medida que se enteraban, en charlas de pasillo, que los Estados Unidos está considerando medidas aún más agresivas. "Hay discusiones en el Congreso norteamericano para expandir el alcance de la ley de lavado, hasta incluir actos criminales que no ocurrieron en los EE.UU., pero que utilizaron sistemas informáticos de los bancos de ese país para transferir dinero a terceros países, aun en caso de que ese dinero nunca ingresara en un banco norteamericano," dijo el ex agente del FBI Stephen Walker, de la consultora IFPC. Casos
resonantes En cambio, la ley argentina de lavado, cuya regulación y aplicación se viene cocinando poco menos que a fuego lento desde hace cuatro meses, despertó muy pocas objeciones de los banqueros consultados. Es que la dependencia del organismo de aplicación (UIF) del Poder Ejecutivo, la eliminación en el texto final del delito doloso y la activa participación de los banqueros en el proyecto de regulación dieron como resultado una ley mucho menos rigurosa que la que se planteó. "En la Argentina sería utópico pensar que un juez firmara una orden que permitiera operaciones encubiertas para operaciones de lavado. Esto ni siquiera está contemplado en el marco jurídico," dijo Alicia López, gerente de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central. Charles Intriago, de Alert Global Media, organizador del encuentro, se ganó la aprobación unánime del auditorio cuando señaló que la aplicación de la ley norteamericana no es tan pareja como rigurosa. "Según el Departamento de Estado, Estados Unidos es el principal lavador del mundo. Pero ese país no ha enjuiciado a un banco nacional por lavado de dinero en los últimos 11 años, a pesar de haberlo hecho con varios bancos extranjeros y de haber confiscado decenas de millones de dólares en concepto de delitos relacionados con el lavado de dinero", manifestó Intriago. No obstante, en una entrevista con La Nación Intriago agregó que la Argentina tiene serios problemas con el lavado de dinero y que sus autoridades no hacen lo suficiente para controlarlo, lo que causa que sus instituciones sean vulnerables a los embates de las agencias norteamericanas, a medida que éstas se afianzan en su autodesignado rol de policía mundial. Ultimo
en votar la ley "La ley se aprobó en abril; estamos en octubre y todavía no sabemos cuándo se la va a aplicar", dijo Intriago. "La Argentina tiene problemas de lavado porque hay contrabando, crimen organizado y, además, es un país de tránsito de droga", agregó. Finalmente, el representante de la organizadora del encuentro se preguntó: "¿Por qué no se permite que los perejiles testifiquen a cambio de una promesa de inmunidad? ¿Cuáles son los intereses que imponen esas restricciones? Me intriga la prohibición de utilizar agentes encubiertos en casos no relacionados con el tráfico de drogas". Y concluyó: "En mi experiencia como fiscal del Estado de Florida, comprobé que la única manera efectiva de perseguir lavadores es con operaciones encubiertas y estableciendo pactos de inmunidad". Por
Santiago O'Donnell Copyright © 2000 La Nación | Todos los derechos reservados |
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